jueves, 5 de septiembre de 2013

Patata Pérez


Bajo el nombre "Departamento legal de MENEAME COMUNICACIONS, S.L." uno podría esperar algo impresionante, en especial si es de los que cree que los propietarios de esta empresa se pasean en Ferrari. El caso es que viajan en vueling y encima los tratan mal. Los 120.000 euros de facturación en el que ha sido el mejor de sus ejercicios cubren los gastos de alojamiento de la página y el salario dosmileurista de un par de haraganes tuiteadores. No dan para un abogado en nómina.

Confieso que también yo, a resultas de la popularidad de la web y de su caudal de tráfico diario, esperaba algo más. Recibí una dosis de realidad con el memorable burofax que me remitió dicho departamento, en respuesta a otro mío que Galli y Villoslada evitaron recoger fingiéndose ausentes, y que acabé colándoles de forma algo rocambolesca por fax. El patetismo de su réplica es un ejemplo tal de incompetencia y deslealtad profesionales que merece ser analizado separadamente, como haré en su momento.

La artífice de ese deficiente amasijo de letras es la abogado Pérez, una mujer joven con aspecto y modales hooliganescos extraída de la gran cantera humana que es la comunidad de usuarios de Menéame. Pese a su titulación, y dada su evidente incapacidad para trabajos más cualificados, la emplean de chupatintas atendiendo el correo de la página, que es saturado a diario con peticiones de retirada de contenidos. Sus respuestas perdonavidas y escasamente técnicas a los solicitantes han sido más de una vez difundidas como hazañas toreras por el combativo Galli y su amigo el segundón, que se declaran "muy fans" de la susodicha. Uno diría que con esto ya se tiene por pagada.

Para hacerse una idea de la impericia de Pérez la meneante hay que valorar el cúmulo de patochadas que me ha mostrado en dos meses escasos. Como su desconocimiento del tipo penal del intrusismo y de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en un arrebato místico llegó a relacionar el artículo 9 del Estatuto de la abogacía con el artículo 403 del Código Penal, porque "el derecho es un todo"). O su interpretación del artículo 17 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, que contradice el tenor literal de la norma y no es respaldada por una sola sentencia, ni siquiera entre la llamada jurisprudencia menor. O su peripecia de recorrer mil kilómetros para comparecer en un acto de conciliación que no requería asistencia letrada (más tarde se excusó diciendo que lo hizo para disfrutar del sol de Barcelona y de la grata compañía). O, en fin, su ignorancia de la distinción entre demanda y denuncia, así como el vómito compulsivo de delitos sin ton ni son en histéricas acusaciones públicas que le valdrán una querella por calumnias.


Pérez nos reserva muchas más ocasiones de espantoso ridículo en el futuro y desde aquí la animamos a que se aplique con tesón a esta tarea.

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